Convoca el Cemefi a que legisladores discutan Ley que favorece al sector filantrópico

16/07/2002

Oportunidad histórica de que el congreso mexicano impulse la reforma del estado y fomente a través de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la democracia participativa.
En conferencia de prensa Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Fernando Castro y Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán; Ana María Salazar, directora jurídica de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y Alfonso Poiré, director del Área Jurídica del Foro de Apoyo Mutuo, informaron a los medios de comunicación sobre el estado que guarda la iniciativa de ley ciudadana que recibió el H. Congreso de la Unión Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Jorge Villalobos expresó que han sido 10 años los que se han invertido en trabajo de organizaciones civiles para que México cuente con un marco legal que promueva, estimule y facilite la participación ciudadana dentro del sector filantrópico. Narró todos los esfuerzos que se hicieron a lo largo de estos años para llegar a consolidar la iniciativa de ley que está en poder de la H. Cámara de Diputados para su discusión desde el 23 de abril pasado y urgió a que el H. Congreso de la Unión agende esta iniciativa para que sea discutida en el próximo periodo de sesiones ordinarias.

Villalobos señaló que esta iniciativa de ley presenta varias características que facilitarían su votación y eventual aprobación por parte de la actual legislatura: cuenta con el apoyo del poder ejecutivo, es decir, en la presente administración del presidente Vicente Fox, por fin se ha podido establecer una sintonía entre las distintas instancias que tienen que ver con el sector filantrópico como son las secretarías de: Salud, Desarrollo Social, Hacienda y Crédito Público y Gobernación. Por otra parte, también cuenta con el apoyo explícito de todas y cada una de las fracciones parlamentarias que conforman la LVIII Legislatura.

Por su parte Fernando Castro y Castro señaló que nuestro país aún carece de una ley que permita organizar la participación ciudadana dentro del ámbito del servicio a terceros. "Contar con un marco legal como el que propone la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil estimularía la transparencia con la que opera al sector, pero sobre todo obligaría al estado a reconocer el compromiso público que tiene de fomentar las actividades de las organizaciones civiles en el campo filantrópico".

Ana María Salazar expresó: "estamos en un periodo crítico de no ser considerada en la agenda legislativa para su discusión y posible aprobación esta ley, pues hasta ahora hemos trabajado con 3 legislaturas y por la actual coyuntura política de no ser discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre, echaría a perder lo que se ha ganado hasta ahora". Posponer la discusión de esta ley significaría que se tendría que trabajar con una cuarta legislatura y retrasar aún más que el país cuente con un marco legal que dé seguridad a las organizaciones y se aleje de la discrecionalidad, criterio que hasta ahora ha imperado para otorgar la deducibilidad de impuestos.

Alfonso Poiré fue claro al señalar que México desea consolidar un régimen democrático, pero hasta ahora no ha revertido el retraso que se registra en torno a la relación Estado - ciudadanía. No ha modernizado su relación ni ha construido los medios jurídicos para tal fin. Existe la necesidad de contar con una legislación que reconozca a las organizaciones civiles como actores destacados que colaboran en el desarrollo social. La gravedad de los problemas sociales y su inmensidad demandan la participación ciudadana, pues el gobierno no puede resolverlo todo.

Poiré expresó que es necesario ese marco legal que reconoce la participación ciudadana y fue contundente al ubicar a esta iniciativa de ley como parte integral de la reforma del Estado porque es un instrumento que facilitaría el paso de la democracia representativa a la democracia participativa.

Consuelo Castro (del área jurídica del Cemefi), señaló que ya es tiempo de que las organizaciones civiles deben ser reconocidas como de interés público. Son importantes además porque propician el voluntariado que moviliza recursos a favor del desarrollo social.

Fernando Castro y Castro afirmó que dentro de la democracia participativa que se ejerce otros países, las organizaciones civiles tienen un carácter de aliado en las políticas de desarrollo social. Los ciudadanos tienen presente el sentido de corresponsabilidad social. Su sector solidario es más fuerte y contundente. Castro advirtió algunos de los problemas que se presentan en un país al no contar con un marco legal para las organizaciones de la sociedad civil. Muchas organizaciones que tienen intereses distintos a ofrecer servicios a terceros, aprovechan la ausencia de un marco legal para promoverse y allegar recursos de dudosa procedencia.

Jorge Villalobos G. señaló que se estima que en el país existen alrededor de 20 mil organizaciones civiles, sin embargo del conjunto solamente 5,600 (incluyendo a todas las escuelas privadas formales) son las que cuentan con autorización para expedir recibos deducibles. Es decir, el resto de las organizaciones están excluidas del fomento y de las prerrogativas. Eso no quiere decir que se detenga la acción de la sociedad civil pero si se inhibe, se dificulta. La "ley que proponemos reconocería a todas las organizaciones que trabajen a favor del bien común en forma privada, no lucrativa, no partidaria y no religiosa como de interés general y por lo tanto objeto de derechos y obligaciones".

Alfonso Poiré señaló que uno de los obstáculos que antaño han dificultado avanzar en un marco legal que fomente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil ha sido el criterio recaudador de la política fiscal, pues la Secretaría de Hacienda estima que si las organizaciones de la sociedad civil contarán con la posibilidad de dar recibos deducibles del impuesto sobre la renta, "se abriría un boquete en la recaudación". Sin embargo, las organizaciones para operar están generando empleos, pagan impuestos y movilizan recursos que también generan un incremento en la recaudación fiscal en el mediano plazo.

Finalmente, Fernando Castro y Castro expresó que no hay peor manera de manejar los fondos públicos que el exceso de discrecionalidad por parte de la autoridad. Si no hay disposiciones concretas que regulen y transparenten el trabajo tanto de gobierno como de organizaciones de la sociedad civil. Esta ley de fomento que proponemos "no quiere estimular a la sociedad, sino que compromete a la autoridad a estimular la participación ciudadana", uno de los principios de la democracia participativa.

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